En Ecuador, los derechos de los estudiantes de colegios privados que adeudan pensiones están protegidos por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), para garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes independientemente de la situación financiera de sus familias.
“La Constitución ecuatoriana establece que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de atención prioritaria. Es importante que los padres de familia conozcan sus derechos y puedan tomar decisiones informadas en caso de dificultades económicas que impidan el pago de las pensiones escolares”, señala el abogado César Coronel Garcés, gerente general de defensadeudores.ec.
En este sentido, en febrero de este año se expidió una reforma a la LOEI que, en su artículo 183, dispone que las instituciones educativas particulares podrán solicitar al Ministerio de Educación la transferencia a instituciones educativas públicas de estudiantes que no hayan pagado las pensiones por más de 3 meses. “La reubicación no es inmediata. Los padres de familia pueden optar por cambiar al alumno a otro establecimiento particular o fiscomisional de su preferencia. En caso de no alcanzar un acuerdo, el Ministerio de Educación le asignará un cupo disponible en una institución fiscal. Esta medida busca garantizar la continuidad de la educación de los menores”, recalca Coronel.
El abogado también destaca que, en su artículo 103, “la LOEI brinda protección adicional en situaciones delicadas, como el fallecimiento del representante legal del estudiante, evitando que se vea afectado por una eventual escasez de recursos económicos.” Además, la normativa, en el artículo 132 literal d, prohíbe retener los documentos académicos de los estudiantes, esto incluye otorgar el pase de año a quienes tengan deudas pendientes.
Sanciones para los colegios privados
La LOEI dispone que el representante del afectado puede acercarse al Distrito Educativo correspondiente y presentar una denuncia. “Si el Ministerio de Educación comprueba que el colegio ha incumplido con la prohibición de negar el derecho a la educación por motivos económicos, se le podría imponer una multa de hasta cincuenta remuneraciones básicas unificadas, es decir, aproximadamente USD22.500 para 2023, o incluso la revocatoria definitiva de la autorización de funcionamiento de la institución a partir del siguiente año lectivo”, recalca el abogado Coronel.
El Ministerio de Educación estima que la cartera vencida de algunas instituciones educativas particulares está entre el 30% y 40%. En muchos casos, las autoridades de estos centros ofrecen facilidades de pago que permitan cubrir las deudas pendientes. Por ello, con esta reforma se busca garantizar la continuidad de las operaciones de los planteles y evitar que los estudiantes se vean perjudicados académicamente.
Consejos para evitar el sobreendeudamiento y garantizar la educación
Pese a que existe una normativa que protege los derechos de los estudiantes, es igualmente importante mantener una salud financiera sólida para garantizar el acceso continuo a la educación de calidad.
Al respecto, el abogado César Coronel Garcés comparte los siguientes consejos:
- Hacer un presupuesto: Mantener un presupuesto familiar es esencial para llevar un control de ingresos y gastos. Esto permite tomar decisiones financieras informadas y evitar gastos innecesarios.
- Considerar gastos adicionales: Al planificar los gastos educativos, es importante tener en cuenta otros costos relacionados, como transporte, actividades extracurriculares y material escolar.
- No perder de vista deudas anteriores: Acumular deudas puede llevar a una situación más compleja. Es importante tener claro a quién le debe, cuánto le debe y hasta cuándo le debe pagar.
- Revisar si es posible continuar en el mismo colegio: Si las dificultades económicas son persistentes, se podrían considerar otras opciones educativas que se ajusten mejor a la situación financiera.
