Hasta mayo de 2023, según datos proporcionados por la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), se han vendido un total de 57.858 vehículos nuevos en el país. Esta cifra no sólo refleja el dinamismo de la industria, sino también un hecho interesante: el 95% de estas adquisiciones se realizaron a través de diversos tipos de créditos, ya sea con bancos, cooperativas, concesionarias, planes de compra programada o tarjetas de crédito. En conjunto, estas transacciones representan USD 1.230 millones, según Equifax.
Sin embargo, el sueño de adquirir un automóvil nuevo puede convertirse en una pesadilla si, por circunstancias imprevistas, se incumple con el pago de las cuotas del crédito. En momentos como este, es fundamental que los deudores conozcan las alternativas disponibles, como la Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos.
Esta norma, diseñada para proteger a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, busca garantizar condiciones que faciliten el logro de sus metas y, al mismo tiempo, regula la responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento, evitando que se comprometa su patrimonio personal.
César Coronel Garcés, gerente general de defensadeudores.ec, destaca la importancia de esta ley: “Esta es una norma jurídica muy valiosa pero poco conocida, que busca evitar que una persona siga endeudada luego de perder o devolver su vehículo, además es necesario que se conozca esta Ley para evitar abusos.”
¿Quiénes pueden beneficiarse con esta normativa?
Los deudores de créditos para la adquisición de vehículos que cumplan con las siguientes condiciones:
- Que se endeuden para adquirir un único vehículo de uso familiar o personal;
- Que el monto inicial del crédito no exceda 100 (cien) salarios básicos unificados para los trabajadores privados, es decir, USD 45.000; y,
- Que se constituya prenda en garantía del crédito concedido o se pacte reserva de dominio sobre el vehículo.
Cuando se cumplen estos requisitos y el deudor se ve imposibilitado de seguir pagando o no puede cumplir a tiempo con la obligación, podrá entregar el vehículo como parte de pago y con ello extinguir la totalidad de la deuda, incluyendo intereses, recargos, multas y gastos legales.
Coronel aclara en este punto que “la extinción total de la deuda aplica también en caso de la ejecución de la garantía, es decir, cuando el acreedor le retira el vehículo al deudor mediante embargo u otra figura legal.”
Tener deudas no significa perder derechos como ciudadanos. En ese sentido, esta ley protege a los deudores que se enfrentan a inconvenientes en el pago de sus créditos automotrices y es un recordatorio de que toda deuda tiene una alternativa de solución.
