Miles de familias en Ecuador arrancan el 2026 con una pesada carga financiera. Entre enero de 2023 y noviembre de 2025, el país registró 1.134.412 procesos judiciales por deudas, de acuerdo con cifras del Consejo de la Judicatura, evidenciando una judicialización creciente del endeudamiento que afecta a hogares en todas las provincias.
“El 2026 comienza con hogares en déficit económico. Seis de cada diez ecuatorianos necesitan endeudarse para vivir y tres de cada diez personas con crédito tiene una calificación mala o pésima en el buró. Cuando una persona no tiene ahorros y depende del crédito para cubrir necesidades básicas, cualquier imprevisto la empuja directamente al sobreendeudamiento y, posteriormente, a una demanda judicial”, señala César Coronel Garcés, abogado de Defensa Deudores Ecuador.
Pagarés: el principal detonante de las demandas por deudas
Del total de procesos judiciales por deudas, el cobro de pagaré a la orden lidera ampliamente con 641.788 procesos, lo que representa el 56,56%, consolidándose como el principal mecanismo de ejecución utilizado por los acreedores por su rapidez y carácter directo. Le siguen, en menor proporción, el concurso de acreedores, el cobro de dinero, el cobro de letra de cambio y las facturas contempladas en el artículo 356 numeral 3 del Código General de Procesos.
“El pagaré suele firmarse en refinanciamientos sin asesoría legal. Cuando el deudor no puede cumplir ese refinanciamiento, su ejecución se activa mediante procesos rápidos, dejando a la persona en una situación de alta vulnerabilidad jurídica”, explica Coronel.
Provincias con mayor número de demandas por deudas
El impacto del endeudamiento no es uniforme en el territorio nacional. Pichincha se posiciona como la provincia con mayor afectación proporcional. Entre enero de 2023 y noviembre de 2025 registró 327.181 procesos legales por deudas, lo que representa el 28,85% del total nacional.
Guayas concentra la segunda mayor carga judicial del país, con 218.758 procesos legales por deudas, equivalentes al 19,28 % del total nacional. Mientras que, en Manabí y Azuay, durante el mismo periodo se contabilizaron 76.146 y 71.836 procesos judiciales, respectivamente.
¿Quiénes están siendo más afectados?
De acuerdo a la experiencia de tres años de operaciones de Defensa Deudores Ecuador, el perfil más recurrente del deudor corresponde a personas entre 30 y 55 años, trabajadores bajo relación de dependencia y pequeños emprendedores. Las deudas que con mayor frecuencia derivan en conflictos legales están relacionadas con pagarés, tarjetas de crédito, procesos judiciales de cobro de dinero y obligaciones hipotecarias.
“Muchas personas buscan ayuda cuando el problema ya está avanzado, cuando existe una demanda o un proceso coactivo en marcha. Aun así, en esas etapas todavía existen alternativas legales para defenderse. Con una estrategia jurídica puesta en acción, toda deuda tiene solución. El problema no es la falta de voluntad de pago: el ecuatoriano, en general, tiene un buen carácter de pago y cuando no cumple no es porque no quiere, sino porque no puede. Hoy miles de familias están financiando su alimentación y gastos básicos en cuotas, lo que genera un efecto de bola de nieve que, sin asesoría, termina llevándolas a una demanda”, explica el abogado.
Recomendaciones para iniciar el año
Para comenzar el 2026 con mayor control financiero, Coronel recomienda elaborar un presupuesto realista, identificando ingresos, gastos fijos y deudas pendientes; contar con un plan estructurado de pagos que no comprometa necesidades básicas, y evitar nuevas deudas, priorizando el pago de contado o cuotas sin intereses. Fomentar el ahorro, incluso en montos pequeños, permite reducir la dependencia del crédito ante imprevistos.
Cuando ya hay un sobreendeudamiento o un proceso legal en curso, la recomendación es buscar asesoría legal especializada de forma inmediata, para evitar que la situación avance hacia embargos, retenciones o bloqueos de cuentas.
“Tener deudas no es un delito ni una vergüenza; el verdadero riesgo es enfrentar una demanda sin información ni asesoría. Iniciar el año con obligaciones pendientes no significa estar perdido, pero no actuar a tiempo puede costar el patrimonio. El orden financiero y una estrategia legal adecuada marcan la diferencia entre perderlo todo o encontrar una salida jurídica viable”, concluye el abogado experto en deudas.
