Las cifras oficiales más recientes revelan que en Ecuador 3 de cada 10 personas titulares de créditos registraron atrasos en sus pagos, siendo el crédito de consumo el que registra el nivel más alto de morosidad. Este escenario ha llevado a muchos deudores a enfrentar notificaciones de demandas judiciales por parte de sus acreedores.
En este contexto, es fundamental reconocer que tanto el deudor como el acreedor tienen deberes y derechos que deben ser comprendidos de manera equitativa. El acreedor tiene la responsabilidad de respetar las condiciones en las que prestó dinero y, simultáneamente, el derecho de exigir el pago en caso de incumplimiento por parte del deudor. Asimismo, el deudor tiene la obligación de cumplir con los pagos y el derecho a que se le respeten las condiciones pactadas al obtener el préstamo.
Etapas de cobranza
Cuando un deudor deja de pagar, el acreedor recurre a la cobranza extrajudicial. En esta primera etapa, el deudor recibirá insistentes llamados de cobranza en los que se pedirá pagar las cuotas vencidas o que se evalúen alternativas como refinanciar la deuda.
“La situación se complica cuando la empresa con la que se registra deudas impagas pasa a una segunda etapa, en la que decide interponer una demanda en contra del deudor. Entonces, se pasa a la cobranza judicial, porque a través de esta acción legal se busca obligar el pago de las deudas atrasadas”, explica el abogado César Coronel Garcés, gerente general de defensadeudores.ec
Las demandas por deudas se comunican a través de una notificación, que por lo general es realizada por un citador de forma personal, mediante la entrega de 3 boletas en el domicilio de la persona demandada, de lo que dará fe el citador judicial, cumpliendo los requisitos formales previstos en el Código Orgánico General de Procesos.
“Cuando una persona recibe una demanda judicial por deudas, lo primero que debe hacer es conservar la calma; toda deuda tiene una alternativa de solución. En segundo lugar, no debe actuar con desesperación; muchos cometen el grave error de conversar directamente con el acreedor que los ha demandado. En tercer lugar, hay que actuar a tiempo porque los plazos en este tipo de procesos son cortos. Y, finalmente, es importantísimo buscar asesoría legal de un abogado experto en deudas, para que analice el caso y evalúe las posibilidades de defensa”, señala Coronel.
Consecuencias de una demanda judicial por deudas
No existe un tiempo legal establecido para que el acreedor inicie la cobranza judicial; dependerá de cada caso y del acreedor, quien puede interponer una demanda contra el deudor desde que registra el primer atraso en su pago. El acreedor podrá evaluar el comportamiento de pago anterior, la cantidad de cuotas pagadas hasta el momento, del monto adeudado y las garantías existentes.
“En un juicio de cobranza por deudas, el deudor se expone a consecuencias negativas como el embargo y posterior remate de sus bienes. Por ello, es fundamental buscar ayuda de forma oportuna y defenderse con un abogado”, concluye.
Tengo varias demandas por deudas, ¿podría salir del país?
Las demandas por deudas son acciones civiles de cobro, por lo que no existe inconveniente en salir del país. Distinto es el caso de los juicios de alimentos en los que el juez podría ordenar la prohibición de salida del país del alimentante demandado.
¿Es posible eliminar las deudas de los registros de morosidad?
En algunos casos se puede reclamar la prescripción de la deuda, lo que significa que no se podrían realizar nuevas acciones judiciales por la misma causa. La legislación ecuatoriana trae otras alternativas como solicitar el abandono del procedimiento.
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